Los sindicatos han intentado paralizar este martes Francia en protesta por la impopular reforma de las pensiones, el principal proyecto de Emmanuel Macron en su segundo quinquenio en la presidencia de la República. La huelga en el metro y los ferrocarriles, las refinerías, la educación y la industria metalúrgica, entre otros sectores, y las más 300 manifestaciones por todo el país suponen el mayor desafío a Macron desde que empezaron las protestas en enero.
La jornada no ha bloqueado el país, pero sí ha ocasionado perturbaciones significativas en los transportes, y ha sacado a las calles a centenares de miles contra la subida de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Sobre todo, ha servido para confirmar que el movimiento social no flaquea. El malestar amenaza con marcar buena parte del resto del mandato de Macron, reelegido el pasado junio para cinco años más.
La novedad de la sexta jornada de movilizaciones es la voluntad de los convocantes de “detener” el país y el anuncio de huelgas ya no solo de un día, sino prolongadas durante más tiempo, en los transportes y la energía. La movilización coincide con el examen de la reforma en el Senado, controlado por la derecha moderada de Los Republicanos (LR), después del agitado paso del texto por la Asamblea Nacional, donde los partidarios de Macron forman el primer bloque en número de diputados, pero carecen de mayoría absoluta.
El objetivo de los convocantes era superar el número de manifestantes del 31 de enero, cuando salieron a las calles de las ciudades y pueblos de Francia 1,27 millones de personas, según la policía, y 2,5, según los sindicatos. Según el sindicato CGT, en París se manifestaron 700.000 personas, la mayor cifra de las seis jornadas de movilizaciones. Uno de cada tres profesores y maestros de escuela e instituto se ha sumado a la huelga, según el ministerio de la Educación Nacional. Uno de cada cuatro funcionarios del Estado se sumaron al paro, según el ministerio de la Función pública.
Algunas acciones sindicales empezaron antes del martes, con reducciones en la producción de electricidad desde el fin de semana y bloqueos de transportistas en carreteras desde el lunes. La huelga afecta al transporte ferroviario: solo funcionan uno de cada cinco trenes de alta velocidad dentro de Francia y ninguno hacia España. Se prevé que los vuelos desde los aeropuertos franceses se vean reducidos entre un 20% y un 30%. En París y su periferia, la circulación del metro y los trenes de cercanías se han reducido como mínimo a la mitad. Las autoridades han recomendado a los franceses teletrabajar.
La multitudinaria manifestación en París, entre el bulevar Raspail, y la place de l’Italie, congregó a parisinos de todas las edades y condición social, y no solo los habituales militantes sindicales. Destacaba la presencia de jóvenes y estudiantes universitarios.
El elenco de carteles reflejaba las reivindicaciones: “Quiero jubilarme antes de pillar un cáncer”. “Suban los salarios, no la edad de jubilación”. “Sí, el sexo está bien, pero ¿has probado la jubilación?” “Vivir mejor: no a la jubilación a los 64 años”. “Después de los 64, el 68″. Este último cartel aludía a Mayo de 1968, la última revuelta obrera y estudiantil masiva en un país con una arraigada tradición revolucionaria.
Cuando la manifestación todavía no había terminado, se registraron incidentes violentos. La fuerzas del orden detuvieron a 11 personas.
“No es una protesta solo contra las pensiones, sino contra Macron y su manera de pensar, su ideología, que ya no se corresponde con lo que esperan los franceses”, dijo Cristobal, educador de 28 años. “Es la ideología consistente en trabajar más para producir cosas que no necesitamos, la ideología de las desigualdades sociales que aumentan en todo el mundo, la ideología de la privatización y la competencia, la ideología que lleva a hacer competir a la gente entre ella todo el rato, creando una atmósfera un poco nauseabunda en la sociedad”.
La jornada de bloqueos es una prueba para Macron y para los sindicatos y los opositores a la reforma. Puede ocurrir que sea un último intento, aparatoso pero infructuoso, para frenarla y que no convenza al presidente para que la retire y se acabe aprobando. El otro escenario es que las manifestaciones y el impacto de los bloqueos en la economía y la sociedad le fuercen a retirarla o al menos a corregir sus puntos centrales.
“Existe un derecho a la huelga, pero emplear palabras como poner de rodillas la economía francesa me parece grave”, señaló el lunes la primera ministra, Élisabeth Borne. Laurent Berger, secretario general del sindicato moderado CFDT, lamentó en France Inter la escasa disponibilidad de Macron para negociar: “El presidente de la República no puede seguir haciendo oídos sordos [al rechazo de la reforma]”.
Macron justifica el aumento de la edad de jubilación a los 64 años por el envejecimiento de la población y la necesidad de equilibrar las cuentas a medida que haya cada vez menos trabajadores para sufragar las pensiones de más jubilados. Sostiene que trabajar dos años más es la única manera de mantener este pilar del estado de bienestar.
Los detractores de la reforma (los sindicatos, los partidos de izquierda y la extrema derecha) argumentan que es socialmente injusta y que penalizará a las personas que hayan empezado a trabajar más jóvenes, con menores salarios y con empleos que más desgastan físicamente. Sostienen que erosiona el modelo social francés.
La sensación entre los manifestantes en París era ambivalente. De un lado, un rechazo persistente a la reforma: cerca del 70% de franceses se opone a la reforma, según los sondeos. Al mismo tiempo, se ha instalado una cierto fatalismo: la idea de que, por muchas protestas y huelgas que haya, la reforma ya está decidida y Macron no dará marcha atrás.
“Soy bastante pesimista”, admitió Caroline, una mujer de 46 años que asistió a la marcha de París con sus dos hijos adolescentes. “Estoy aquí para apoyar a los oficios difíciles Yo trabajo en una oficina, para mí es posible currar hasta los 65. Pero la gente con oficios que desgastan es indecente y escandaloso pedirles que trabajen más cuando les duele la espalda o están enfermos”.
El proceso legislativo está siendo complicado. El 18 de febrero venció el plazo para los debates en la Asamblea Nacional sin que hubiese tiempo para proceder a un voto. Ahora la ley ha ido al Senado y, si se aprueba ahí, este deberá pactar un texto conjunto con la Asamblea Nacional que entonces se someterá al voto de ambas Cámaras.
El plazo para adoptar la ley a finales de marzo. Si los macronistas no obtienen la mayoría, al Gobierno le queda la opción de imponerla mediante el artículo 49.3 de la Constitución, que permite poner fin a los debates y adoptarla a menos que una moción de censura haga caer al Ejecutivo. Pero entonces se arriesgará a encender todavía más los ánimos en los sindicatos, la oposición y la calle.
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SOBRE LA FIRMA
Es corresponsal de EL PAÍS en París y antes lo fue en Washington. Se incorporó a este diario en 2014 después de haber trabajado para ‘La Vanguardia’ en Bruselas, Berlín, Nueva York y Washington. Es autor del libro ‘Otoño americano’ (editorial Elba, 2017).
